Educación Universitaria

El Presidente Fernandez designó al lic. Melaneo Paredes como nuevo titular de la Secretaría de Estado de Educación en sustitución de la Lic. Alejandrina Germán, quien realizó un buen trabajo al frente de la cartera a pesar de disponer de recursos muy escasos para financiar las principales metas de la educación dominicana. El Lic. Paredes, quien proviene de las filas del sindicalismo, tiene una amplia experiencia en el sector y ha estado presente en la discusión de los problemas del sector desde hace mucho tiempo. Se puede considerar que es un conocedor de las cuestiones básicas del sector y tiene en su curriculum el haber gestionado la formación profesional a través del INFOTED. Es, además, una persona que se le reconoce como un conciliador, con  dotes de  negociador.

El Presidente eligió, pues, un buen recurso para la principal cartera de su gobierno. No obstante, Melanio podrá hacer un buen papel y enfrentar las graves carencias del sector educativo si dispone de recursos, si el presupuesto de la cartera es aumentado sustancialmente, ya que las grandes carencias del sistema requieren, fundamentalmente, de dinero para su solución, de recursos en cantidad suficiente y en el tiempo esperado.

Es de esperar que el nuevo titular oriente su gestión más por principios académicos que por los de la política. En este sentido, es rutinario que cada nuevo Secretario de Estado lleva sus propios colaboradores, pero esta práctica le ha hecho mucho daño al sector, ya que ha contribuido a que muchos especialistas de alto nivel dejen el sistema y sean sustituidos por otras personas sin experiancia. Muchos proyectos han sufrido en su ejecución por esta práctica perversa. Lo ideal es es que la estabilidad en el empleo se constituya en una norma repetada por todos los titulares de la cartera y que sólo sean sustituidos los subsecretarios de estado que si son funcionarios políticos.

Melanio tiene la ventaja de que Alejandrina le dejó un Plan Decenal con el cual, supongo, él está de acuerdo ya que fue elaborado por su propio partido. Por ello, su esfuerzo debe orientarse a la ejecución. Pero como el Plan  es a 10 años, debe concretar las metas y objetivos que se procurará lograr en los próximos cuatro años. Pienso que lo importante no es pretender incluir en su plan de mediano plazo todas las metas, sino que debe priorizar aquellas de más impacto en el corto y mediano plazos. En mi opinión, su esfuerzo debería concentrarse en los primeros cuatro años de la educación básica, para que nuestros niños aprendan a leer y escribir correctamente, y en la educación técnica, para que nuetros jóvenes puedan participar con efectividad en el mundo laboral. Si logra estas dos metas su gestión será considerada exitosa por la sociedad dominicana.

En apoyo de lo anterior, debe destinar parte de su tiempo para realizar junto a las universidades una amplia transformación del sistema de formación de los docentes, poniendo especial atención a las ciencias básicas que han sido abandonadas totalmente. Sobre ellas no hay ningún interés en los futuros docentes y ello se debe fundamentalmente a que el Estado no les garantiza un empleo a los egresados de estos campos. En lo inmediato, hay que incorporar a las aulas profesionales de otras ramas afines para suplir la carencia de docentes preparados en física, química, biología y matemática. Mejorar la calidad de nuestra escuela en estos campos en imprescindible si queremos tener una sociedad más competitiva.

Finalmente, felicito al Lic. Paredes por su designación. Le manifiesto la disposición de colaborar en la búsqueda de las soluciones a los problemas del sector. Ambos tenemos la experiencia común de haber participado en la deficinión del proyecto educativo más importante que se ha implementado en el sistema educativo nacional: La transformación Curricular que fue el resultado de un gran esfuerzo de concertación que se logró pensando en el bien del país, exclusivamente.

Durante los días 17, 18 y 19 de los corrientes las instituciones del sector educativo realizaron el Congreso del  Foro Presidencial por la Excelencia de la Calidad de la Educación Dominicana, en donde se analizaron las propuestas y declaraciones consideradas importantes para la reorientación de la educación dominicana en todos sus niveles y modalidades. Allí se dieron cita los hombres de empresa, los sindicatos, las iglesias, las universidades, los docentes, las ongs, los estudiantes y la dirección política del país incluyendo al propio Presidente de la República. Todos a una proclamaron la necesidad de mejorar la escuela y sus resultados, todos reclamaron una educación más competitiva, más equitativa, más pertinente, más crítica, en fin, una educación de mayor calidad para todos y todas los niños y niñas del país.

Esta experiencia de concertación  de políticas públicas en materia de educación no es nueva en el país ya que tanto el Plan Decenal como el Plan Estratégico 2003-2012 se concibieron de la misma manera, es decir, mediante un proceso de consulta que involucró a los diferentes sectores sociales, económicos y políticos de la sociedad dominicana. El desarrollo del Plan Estratégico supuso también la negociación paralela de los recursos financieros necesarios para su implementación. Así, tanto el Banco Mundial, como el BID y la Unión Europea apoyaron el esfuerzo desde el principio y al término de los estudios ya se disponía de proyectos específicos de financiamiento para la educación inicial, la  básica y la media y para el necesario fortalecimiento institucional de la SEE.

En esta oportunidad se logró como nota  distintiva que  los tres subsectores de la educación nacional, es decir, la educación general, la superior y la formación  técnico-profesional, se integraran en un proyecto común definitorio del futuro de la educación del país. Las expectativas de los organizadores se orientan hacia la definición de un Plan Decenal que establezca la nueva visión de la educación nacional. Sin embargo, este tipo de planificación de largo plazo corre el riesgo, por la gran debilidad institucional del país y de la SEE en particular, de ser abandonada una vez cambien los actores principales del sistema educativo. Ejemplos pueden ser recuperados en la experiencia de reformas educativas que ha tenido el país  a lo largo de los últimos 30 años de vida en democracia. No sólo se han dejado de lado los planes y proyectos elaborados por gobiernos de partidos diferentes, sino también del mismo partido e incluso durante una misma gestión de gobierno.

Tal proceder  ha conducido al sector educativo a pérdidas importantes de recursos humanos y financieros y a la acumulación de planes y proyectos que han sido pensados en su momento para la solución de los mismos problemas que hoy son objeto de nuevas reflexiones. Por eso muchos de los que estamos vinculados al sector educativo tenemos claridad en el sentido de que lo importante no es elaborar un plan, sino ejecutarlo en los plazos previstos y  dar continuidad a las iniciativas en marcha, no importa el sector de la sociedad que las haya concebido. En tal sentido, luce muy oportuna la exhortación del Presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Americana  en el sentido de reclamar la firma de un Pacto Social por la Educación, en donde se establezcan con claridad los compromisos de los diferentes sectores para el desarrollo de la educación dominicana.

Cuando hablamos de la firma de un pacto no me refiero literalmente a lo que esto significa en términos de compromiso  social, sino que los sectores involucrados, especialmente la clase política, debe participar plenamente en la definición de los contenidos del  mismo y, sobre todo, en su puesta en marcha y monitoreo. Para ello es obvio que se requiere deponer actitudes ya que en los últimos 10 años se han creado fricciones innecesarias  en el sector educativo fruto de las cancelaciones de técnicos, degradación de directivos y docentes por razones políticas y estos hechos contribuyen, casi como si estuviéramos en guerra, a tener, cada cuatro años, que formar las capacidades de gestión del sistema educativo, con la pérdida consecuente de la memoria y la cultura institucionales.

En estos tiempos en que la clase política está convencida, incluyendo al Jefe de Estado, de la importancia de la educación en el desarrollo, es de perogrullo reclamar   la necesidad de concertar  un pacto social por la educación como lo hemos dicho antes; sin embargo, el propio Jefe de Estado, el ciudadano Presidente  Dr. Leónel Fernández, en su discurso inaugural  puso en tela de juicio la necesidad de mayores recursos para el financiamiento del sector educativo, cuando en realidad el nuevo plan, sus finalidades, objetivos y metas, nacerá nati -muerto si las partidas presupuestarias no son aumentadas significativamente, no por un año fiscal, sino a lo largo del horizonte del plan. Nuestra clase política nunca debe olvidar que el derecho a la educación es un derecho de todas las personas y nuestra constitución establece que todos los habitantes del país lo deben disfrutar gratuitamente.

En el esfuerzo de construir una sociedad más justa y humana está  la educación como el la aliada principal. Apoyemos todas las iniciativas que se promuevan para que todos nuestros niños y niñas la reciban con la mayor  calidad  desde la más tierna infancia. El Foro Presidencial por la Excelencia y la  Calidad de la Educación Dominicana es una expresión más del deseo de la sociedad dominicana  de lograr ese ideal.

La calidad es hoy por hoy el Talón de Aquiles de la educación dominicana. Los esfuerzos que se han hecho durante las últimas décadas, en especial, a partir de los años noventa, no han logrado sus frutos. En ese período el mayor éxito de las políticas educativas implementadas se refiere a la democratización en el acceso de los niños/as a los diferentes niveles del sistema educativo, pasando a tener una cobertura neta casi total en el nivel básico y casi un 40% en el nivel medio, que es el primer paso para garantizar el derecho a la educación de todos/as personas sin diferencias de nacionalidad, etnia, religión, ideología o sexo.

Sin embargo, la eficiencia del sistema es baja. Son pocos los alumnos que logran terminar su educación básica. Los últimos datos disponibles indican que en los cuatro primeros grados de escolaridad en el nivel básico se pierde, en números redondos, el 25% de los inscritos y en los siguientes un 27% lo cual significa que de cada 100 niños que el sistema logra incorporar pierde un poco más de 50 en los primeros ocho años, encareciendo así el costo unitario de cada alumno que logra terminar el octavo grado. Este solo resultado cuestiona el éxito de las políticas de asistencia social que se implementan en el sistema educativo, tales como más de 1,600,000 raciones de alimentos diarios (17 millones de pesos), dotación de libros de texto, la anterior Tarjeta de Asistencia Escolar (TAE), hoy Programa Solidaridad, el ropero escolar, cuyo objetivo principal es incentivar a los niños para que asistan a las aulas y mejorar la calidad. En estos programas sociales se han invertido miles de millones de pesos y su impacto en la retención escolar ha sido mínimo. Pienso que si los recursos invertidos a través de estos programas se hubiesen orientados hacia la formación de los docentes, al mejoramiento de la infraestructura y a la dotación de equipos y mobiliarios, los resultados fueran mejores.

¿Qué ha estado pasando en el sistema educativo cuyos resultados son tan poco eficientes? Al responder es bueno considerar el hecho de que el sistema educativo refleja en gran medida las limitaciones de la sociedad en que se encuentra. En este sentido, la gran movilidad de personas del campo a la ciudad ha tenido como resultado, por un lado, el abandono de centros educativos rurales y por el otro la concentración de personas en la periferia de las grandes ciudades donde la infraestructura escolar es precaria. Los niños/as recién llegados a las ciudades no encuentran las facilidades para ingresar a la escuela y por lo general terminan engrosando las filas de los desamparados de la tierra. Así, la precaria situación económica del campo opera como factor desencadenante de la deserción escolar. Es una variable a considerar en el proceso de selección de las elites que se produce “naturalmente” a través de la escuela.

En adición a ello, resulta injusto que las escuelas rurales apenas llegen al 4to grado de básica y, además, son multigrados atendidas por uno o dos docentes que trabajan con dos grados simultáneamente. ¿Puede un docente nuestro, por lo general con una escasa remuneración, una precavía formación en las técnicas de aprendizaje del multigrado, y motivación baja garantizar una educación atractiva y de calidad que permita retener a los estudiantes en las aulas?

Por lo general el docente de que dispone la escuela dominicana tiene limitaciones en su formación. Hasta no hace mucho tiempo un docente de media podía ser sólo bachiller, hoy se requiere al menos la Licenciatura como título académico básico para ingresar a la carrera docente. Sin embargo, subsisten en el mecanismo de contratación debilidades que permiten a los directivos del sistema contratar personas con un nivel menor de formación. Sí queremos en verdad mejorar la calidad de la educación, esta práctica debería ser eliminada de plano y priorizar el concurso de oposición como medio idóneo para la selección y contratación de los docentes y directivos del sistema.

No sólo es precario el mecanismo de selección del cuerpo docente, sino que, como resultado de las pasiones políticas, cada cuatro años el Sistema Educativo pierde prácticamente la totalidad de sus directivos. Dando lugar a que las nuevas autoridades pierdan tiempo en asuntos vitales y a que muchas experiencias en curso no logren llegar a feliz término. Muchas veces en la formación de estos dirigentes excluidos se ha invertido muchos recursos financieros en la realización de programas de maestría y doctorados, para luego ser reemplazados por un personal poco calificado. Es un círculo vicioso que le está haciendo mucho daño al logro de las metas de las políticas educativas y al ideal de la sociedad de recibir una educación de mayor calidad.

Es obvio que en la sociedad del conocimiento en que vivimos, la formación de base (Licenciatura) es importante, pero no es suficiente para lograr una educación actualizada y de calidad. Se requiere poner a disposición del docente cursos de actualización permanentes que les permitan estar al tanto de los adelantos científicos y tecnológicos de su área de formación. Este planteamiento es válido también para las demás profesiones. En la época actual es difícil ejercer una actividad profesional con eficiencia contando apenas con los conocimientos incorporados en la vida de estudiante. La característica de la sociedad actual es el cambio constante, sobre todo del conocimiento. Por ello, el conocimiento incorporado en la universidad perime muy rápido. Es necesario actualizarlo en programas de postgrado y cursos de educación continuada. Las universidades del país han hecho un gran esfuerzo para ofertar programas de postgrado (especialización y maestrías) y en asociación con IES del extranjero se ofrecen también doctorados.

La oferta de educación continuada, incluyendo la formación de postgrado, se expresa en cursos cortos y diplomados, que deberían ser aprovechados con mayor interés por los egresados universitarios, ya que el conocimiento establecido tiene una vocación a ser sustituido por los nuevos avances de la ciencia y la tecnología.

Por tanto, no tiene razón el Presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando critica la formación de los recién egresados de las Escuelas de Derecho, que salen de las aulas con una preparación de carácter general. A ellos les hace falta la especialización a nivel de postgrado que les permitan profundizar sus conocimientos en aquellas ramas del derecho de su interés específico. Es obvio también que el ejercicio de la profesión acompañado de cursos de educación permanente son los medios eficientes para formar a los buenos abogados.

Volviendo a nuestro ámbito de reflexión es bueno señalar que la creación del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio Nacional (INAFOCAM) fue un paso de avance en la creación de oportunidades de educación continuada para el magisterio nacional. La acción del gobierno en esta materia requiere de un impulso mayor para garantizar que los docentes participen de actividades de formación continuada, sea a través de cursos cortos como aquellos de mayor duración para renovar así sus conocimientos y estrategias metodológicas.

Otro factor que es conveniente ponerle mayor atención es el referido al sistema nacional de evaluación de los aprendizajes y su impacto en la permanencia de los alumnos hasta completar al menos su escolaridad de 12 años. En este sentido, se ha estudiado poco el efecto que tiene la promoción automática en los tres primeros grados de básica, medida que se introdujo como resultado de la Transformación Curricular en 1995, bajo el supuesto de que los niños tienen ritmos diferenciados de adquisición de las competencias de lecto-escritura, unos podían ser alfabetizados en pocos meses, otros requerían mayor tiempo para lograrlo. El mismo docente debía mantenerse de un curso a otro con el mismo grupo de niños ya que lo conocía mejor. Qué ocurrió en la práctica? La preocupación de antaño del docente por lograr la alfabetización de su grupo en el primer grado, se flexibilizó grandemente ya que en segundo podía completar su tarea y si no lo lograba en este podía transferirlo al tercero. Al llegar al cuarto de básica los docentes de este grado se encontraron (y se encuentran) con niños que, luego de tres años de escolaridad, no están alfabetizados plenamente. A partir de aquí empieza la labor remedial del sistema educativo para tratar de recuperar el tiempo perdido (3 años representan el 36% de la escolaridad básica). Es en esos primeros años de vida que el niño está en las mejores condiciones para desarrollar su potencial intelectual. Los daños que aquí se producen son prácticamente irrecuperables.

En este fracaso del sistema educativo en garantizar eficientes resultados en el primer ciclo de la educación básica, hay que ver una de las causas eficientes de la pérdida de la calidad en el sistema educativo. Obvio que también cuestiona la gestión de la educación: Cómo es posible que los diferentes niveles de gestión (supervisores, directores de centro, de distritos, etc.) no presten atención a lo que está ocurriendo en los tres primeros grados del sistema? Cómo es posible que la familia no tenga información temprana de los bajos niveles de logro que alcanzan sus hijos en las escuelas?

El otro gran fraude social en el sistema educativo lo constituyen las Pruebas Nacionales. En primer lugar dichas pruebas tienen como preocupación central la promoción: orientan su atención principal a los resultados del proceso educativo, controlan el final del proceso. Por ello, no tienen impacto alguno en la calidad del sistema. En segundo lugar, y como resultado de la preocupación central de las pruebas, su valor en el resultado final es de apenas un 30% y los docentes hábilmente establecen un colchón (notas altas mensuales, y cuatrimestrales) que auguran el éxito de casi la totalidad del universo que asiste a ellas. Lo ideal fuera que la evaluación estuviera orientada hacia lo que ocurre en el proceso formativo, teniendo siempre una mayor preocupación por el diagnóstico y la corrección de las limitaciones observadas.

No hay dudas, pues, que la preocupación por mejorar los resultados del sistema educativo pasa por una profunda revisión del sistema de evaluación. Sobre este sistema se hizo en el pasado reciente un gran esfuerzo de concertación lográndose la creación del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación, creándose un organismo independiente (descentralizado) para la gestión. Bajo este sistema serían objeto de evaluación los alumnos, los docentes y su formación, los directivos, las políticas públicas en educación, el financiamiento, entre otras variables, ya que es injusto atribuir el fracaso escolar exclusivamente a los alumnos. Los otros actores y las políticas que se implementan pueden estar en el origen de esos resultados.

Otra variable que amerita una urgente revisión para garantizar una mayor calidad de la educación es el contenido de la educación. La Transformación Curricular tiene más de 10 años de haberse puesto en marcha mediante la ordenanza (1,95). En breve, plazo saldrán los primeros bachilleres que cursaron 12 años de escolaridad bajo la orientación pedagógica de dicho plan curricular. Al día de hoy no se ha hecho una exhaustiva evaluación de ese plan. Sin embargo, hay estudios parciales que evidencian los bajos niveles de logro de los estudiantes de octavo grados de básica y del cuarto de media. Los resultados de las Pruebas Nacionales en sí mismas son prueba fehaciente de los bajos niveles de logro de nuestros estudiantes.

He planteado la hipótesis de que los contenidos de ese plan están sobredimensionados, que a los niños/as se le exige más de lo que pueden efectivamente aprender. Por ello, como sostiene Ortega y Gasset, a los contenidos de la educación hay que darles un golpe de podadera, es decir, reducirlos y enseñar a los niños/as lo que es útil para ellos y para la sociedad. En este sentido, considero prudente que las autoridades hagan el esfuerzo que sea necesario para implementar el currículo por competencia que permite concretar más la experiencia de aprendizaje. Creo útil por igual que se reoriente la formación en los primeros cuatro grados de la Educación Básica y concentrar todo ese período en el aprendizaje de la Lengua materna y la matemática, exclusivamente. Al partir de estas dos disciplinas se pueden integrar otros contenidos y valores considerados importantes, teniendo siempre presente que el buen aprendizaje de la lengua materna es fundamental para el éxito de los alumnos en todo el recorrido de su escolaridad.

Sin embargo, por buenas intenciones que tengan las autoridades de educación por introducir los cambios necesarios en las políticas que se implementan, tienen una gran limitación: La cantidad de recursos financieros disponible (8% del presupuesto nacional en la actualidad, cerca del 1.8% del PIB). Por ello, es necesario que la sociedad, todos los sectores que la integran, se pongan de acuerdo en primer lugar, en el valor que se le atribuye a la educación en el proceso de desarrollo y en segundo lugar, en los aspectos básicos que deberían formar parte, de un proyecto, de modernización de la educación nacional. Para ello, pueden tomar como documentos de base el Plan Estratégico de la Educación Dominicana (2003-2015) elaborado bajo un proceso de amplia consulta con el apoyo financiero de la Unión Europea, la UNESCO y el BID y los avances logrados por el Foro Presidencial por la Calidad de la Educación Dominicana, no hay necesidad de repetir nuevos planes. La clase política debería dejar de lado sus propios intereses, sus propias políticas educativas, y permitir la concertación de un pacto social cuyo objetivo fundamental debería ser lograr la calidad de la educación puesta a disposición de las nuevas generaciones. Naturalmente, en ese pacto se debería establecer en horizonte de tiempo que permita el logro de sus metas, tiempo que debería ser superior a la duración de varios períodos de gobierno.

La discontinuidad de las políticas educativas impulsadas a lo largo de los últimos 20 años está al origen de los problemas que luce hoy el sistema educativo. Los políticos de todos los partidos han incurrido en el error de dejar a un lado iniciativas educativas del gobierno precedente e impulsar lo que el nuevo gobierno ha considerado prioritario así, mucho tiempo, muchos recursos financieros, y, sobre todo, muchas experiencias para mejorar la escuela se han perdidos.

En este tiempo en que por la naturaleza de las nuevas realidades del nuevo orden mundial (en lo político, económico y cultural) los pueblos y naciones están obligados a ponerse de acuerdo en las reglas de juego que deben permanecer, es posible pensar, y en verdad hacemos una apuesta por ello, en que el pacto social por la educación, podrá ser una realidad en nuestro contexto y que el mismo será respetado, sin importar los cambios de gobierno. Sólo de este modo podremos lograr el sueño a que todos aspiramos: Una educación de calidad para todos y todas los niños/as que habitan en nuestro país.

La universidad debería formar parte de dicho pacto. Es allí donde se forman los docentes de los diferentes niveles se reciben a los egresados del nivel medio y donde, sobretodo, se aglutina la inteligencia nacional. La universidad podría contribuir grandemente en el desarrollo de investigaciones y la búsqueda de soluciones a las limitaciones que presenta el Sistema Educativo. La alianza sincera de los partidos políticos, el gobierno, las universidades y las ONG´s vinculadas a la educación debería ser el soporte del pacto social por la calidad de la educación. En la búsqueda de esta concertación no deben existir exclusiones o aliados preferidos. Todas las instituciones políticas y sociales deberían ser llamadas a participar. La educación no es una tarea exclusiva del gobierno. Es un patrimonio de la sociedad y como tal, todos debemos velar por su desarrollo y por lograr que su calidad sea un orgullo no sólo para nuestros niños/as, sino también para la sociedad como un todo.

[1] Rector de la Universidad Abierta Para Adultos

La visita reciente del Presidente Fernández sirvió para firmar un acuerdo con el Tecnológico de Monterrey sobre el desarrollo de un bachillerato a distancia, el Bachinet, y la posible creación de una nueva universidad a distancia. Ambos proyectos se desarrollarían mediante el uso de internet en los centros tecnológicos que ha creado el Despacho de la Primera Dama a través del INDOTEL. El presidente habló de la creación de 150 universidades virtuales, pero en verdad se trata de una sola con tantos centros asociados como sea de interés del Presidente ya que, supongo, los contenidos y la gestión del proceso educativo serán responsabilidad del Tec de Monterrey tanto para el bachillerato como para la indicada universidad.

Tanto la universidad a distancia como el bachillerato en la modalidad existen en el país, pero quiero referirme en lo adelante al PREPARA que es una experiencia que se ha desarrollo do con relativo éxito durante los últimos 6 años. Es un bachillerato a distancia cuyos contenidos y estrategia metodológica fue pensada en función de las posibilidades del país y cuyos resultados han permitido a otros países de la región estudiar el modelo. En esencia PREPARA se orienta a la población cuya edad promedio está por encima de la que corresponde al nivel medio. Aquellos de más éxito en las Pruebas Nacionales pueden hacer el bachillerato acelerado que les permite terminar en dos o tres años el nivel, los demás deben completar los estudios en los cuatro años que corresponde.

Una de las cualidades básicas de este bachillerato es que desde el principio se elaboraron todos los manuales en base a los principios de la educación a distancia y los docentes fueron entrenados adecuadamente. A cada alumno se le entregan dichos manuales y ellos son responsables de su propio aprendizaje. Cada semana se realizan reuniones con los tutores para resolver dificultades y profundizar en los contenidos. En la primera oportunidad que un grupo de egresados de este programa se presentó a Pruebas Nacionales obtuvo los promedios más altos lo cual indica que es un bachillerato de calidad.

Sin menoscabo del interés del Presidente por la educación virtual, pienso que la experiencia de PREPARA es una alternativa más adecuada dada las limitaciones de la población a que va dirigido este tipo de programa, sobre todo por el hecho de que, por lo general, son personas que trabajan y requieren tener permanentemente a su disposición los manuales de estudio para realizar las actividades. De hecho considero que el país tendría un mejor bachillerato nocturno si todos los centros actuales asumen el modelo PREPARA.

No quiere esto decir que la modalidad virtual de la educación a distancia no tenga sus méritos. Los tiene y la tendencia mundial en el desarrollo de alternativas para que la población tenga igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento incluye ese tipo de ofertas. Ahora bien, lo importante es tener claro que el uso de las TICs por sí solas no representa el salto tecnológico que el país requiere en materia de educación. En verdad la preocupación por la educación, por su calidad, nos debe llevar a volver la mirada hacia lo básico, es decir, cómo los dominicanos y dominicanas están incorporando las competencias básicas en lecto-escritura y matemática en el primer ciclo de la educación elemental y cómo resolver el grave problema de la deserción en los primeros ocho años del nivel, cuyos costos sociales y económicos son sumamente altos ya que impiden romper el circulo de la pobreza a un número creciente de dominicanos y dominicanas.

PREPARA se orienta a los más pobres y ha evidenciado ser un modelo eficaz y eficiente. Ampliarlo y fortalecerlo con nuevos materiales, nuevos contenidos como las TICs y con la formación continua de los docentes, es una alternativa de bajo costo socialmente legitimada que sin duda tendría un impacto mayor en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población que el alcance probable del BACHINET.

La sociedad dominicana ha reclamado durante los últimos 17 años mayor financiamiento para el sector educativo. De hecho, tal reclamo fue consignado en la ley general de educación promulgada en 1991 donde se establece que al sector hay que destinarle  el 4% del PIB. Durante todos estos años el PLD ha sido gobierno durante 8 años(los cumple en agosto próximo) y la meta financiera no ha sido lograda.  Ello ha contribuido al deterioro en los resultados del sistema educativo, en especial en lo que se refiere a la calidad de los aprendizajes. Hecho ante el cual las diferentes instituciones sociales, en especial los empresarios, la iglesia, las ongs, etc. han reaccionado reclamando la urgente intervención del gobierno para superar la crísis del sector educativo.

Es por ello que al leer el Pragrama de Gobierno que presenta el PLD para el sector educativo (2008-2012) he quedado muy sorprendido ya que en el mismo no hay un compromiso claro con el logro  de un financiamiento adecuado para el sector educativo. Se habla de incremetar al financiamiento privado, es decir de un financiamiento creciente de las familias para garantizar  a sus hijos una educación de calidad. Se habla también de un aporte mayor de los empresarios en el apadrinamiento de la educación pública. Pero no se especifica cuál meta financiera espera alcanzar el nuevo gobierno del PLD  en el sector educación de lograr la reelección de Presidente Fernández.

Si comparamos el programa que presenta Miguel Vargas,  cadidato a la presidencia por el PRD, con el del PLD la diferencia mayor es este punto, ya que en dicho programa se especifica un compromiso claro con el financiamiento del sector al cual se destinaría el porcenteje del PIB indicado en la ley de educación. Los demás puntos de ambos programas son similares. Se orientan por una lado a garnatizar la igualdad de oportunidades en el acceso y la permanecia de los habitantes del país en el sistema educativo y por el otro lado a mejorar la calidad de la educación. Aspectos que son prioritarios en cualquier política educativa  que se implemente en el sector.

Naturalmente, para el éxito de estas propuestas se requiere el financiamiento óptimo y planes de largo plazos. Y aquí hay otro problema fundamental. Los planes de largo plazo como el PLan Decenal o el Plan Estratégico de la Educación  Dominicana, tinen la dificultad de que durante su implementación transcurren dos períodos y medio de gobierno y, por una tradición mal entendida, cada gobierno trae sus propias iniciativas, su propia visión de la sociedad y de las políticas públicas.Por lo tanto están tentados a modificar los planes y a poner en marcha sus propios planes, aunque dejen abandonados recursos y proyectos implementados por la gestión anterior. Asi ocurrió con el Plan Decenal que fue elaborado de manera paricipativa y la grestión que debió continuar su implementación centralizó todos los procesos. Con el PLan Estratégico ocurrió algo peor. La gestión actual inició un nuevo plan a pesar de que muchos recursos fueron invertidos en su elaboración y que muchos de los proyectos de financiamiento internacional estaban concebidos para apoyar el desarrollo de dicho plan.

Por lo anterior, si queremos cambiar el orden de cosas en la educación nacional hay que lograr un consenso  entre las fuerzas políticas del país, a los fines de lograr un pacto que garantice  la mayor prioridad al sector educativo durante al menos los próximos 20 años. Tiempo durante el cual hay que garantizar una inversión igual o superior al 4% del PIB. Las políticas que se definan como prioritarias en ese pacto deben ser obligatorias para cualquier gobierno o partido que resulte electo duante el tiempo de duración del pacto.

En mi opinión, dicho consenso puede ser construido a partir de las propuestas de gobierno que presentan los candidatos para el sector educativo, ya que en las mismas hay más puntos coincidentes que diferencias, con la excepción indicada del compromiso con el fianciamiento del sector. Naturalmente, para lograr el consenso las partes deben negociar en pié de igualdad, independientemente de quien resulte ganador de la contienda electoral. Lograr el consenso que reclamamos es urgente, y estoy seguro que las diferentes fuerzas políticas así lo entienden, debido a la necesidad de mejorar sustancialmente la competitividad de nuestra economía y ello sólo es posible si mejoramos la calidad y la contidad de oportunidades educativas puestas a dispósición de la sociedad dominicana.

En su intervención ante los jóvenes empresarios el presidente Dr. Leónel Fernández planteó  que en el país existe una crísis de pensamiento por lo cual no era necesario participar en un debate público con los demás candidatos a la presidencia de la república. Esta afirmación ha sido el detonante para que muchos sectores de opinión consideren que el presidente ha ofendido a la sociedad dominicana al considerarla incapaz de participar en un debate de ideas a la altura de su desarrollo intelectual.

En parte el presidente tiene razón. La sociedad dominicana tiene una gran rémora en su desarrollo intelectual pero este tiene que ver, fundamentalmente, con el limitado desarrollo del sistema educativo nacional que se expresa en que el promedio de escolaridad de los dominicanos no supera los cinco años. Estamos, pues, ante una sociedad subeducada. Las razones de este hecho hay que buscarlas en las deficientes políticas públicas en materia de educación aplicadas a partir de la muerte de Trujillo.

Digo a partir de Trujillo, porque todos sabemos que la tiranía fue exitosa en garantizar una buena educación para los dominicanos. Es sintomático que todavía hoy las viejas generaciones consideren que la educación que recibieron es mejor que la recibida en la actualidad por sus nietos. Y como parte del éxito de de la educación trujillista los dominicanos, en sentido general, se creen blancos y pretenden esconder el negro africano en explesiones sutiles como las de ser “indio claro” o “indio oscuro” en función de su mayor o menor claridad de la piel.

En los años siguientes a la dictadura el país ha tenido relativo éxito en la ampliación en las oportunidades de acceso a la escuela básica. No así en la retención de los alumnos más allá del quinto grado de básica. Por ello de cada cien que ingresan al sistema educativo, sólo 53 cruzan esa barrera. Y en donde hemos fracasado casi totalmente es en ofrecer a las nuevas generaciones una educación de calidad. Prueba de lo cual son los resultados que alcanzan nuestros niños en las evaluaciones nacionales e internacionales.

El presente gobierno no es el único culpable por el deterioro del sistema educativo nacional. En verdad todos los que han ejercido algún tipo de responsabilidad en la gestión de la cosa pública tienen su cuota en los bajos resultados de la educación pública. Sobre todo, aquellos  que han tenido que ver con el financiamiento del sistema educativo del país, que es uno de los más bajos de América Latina y el Caribe. El consenso que se logró en los noventa sobre la necesidad de destinar al sector educativo el 4% del PIB, no ha sido respetado por ninguno de los gobiernos y se ha justificado este hecho en la excusa de la falta de recursos ante la necesidad de satisfacer los requerimientos de la deuda externa. Sin embargo, hechos como la construcción del Metro de Santo Domingo o de muchas de nuestras presas con recursos propios indican que el país tiene recursos, pero que la educación no forma parte de las prioridades reales de los gobernantes, lo cual es un error lamentable en la definición de las políticas públicas.

Los países que han logrado el desarrollo en los últimos lustros han invertido en la educación, han elaborado planes de largo plazo y han destinado los recursos para su financiamiento. Para estos países formar a sus ciudadanos, garantizarles una educación de calidad para todos, ha sido el norte. Ellos apostaron a que mejorando la calidad de la formación de la población se podría alcanzar una mayor competitividad y una mayor productividad en sus cultivos y creaciones tecnológicas. y, por ende, más bienenstar y felicidad para sus respectivos pueblos. El ejemplo de estos países debe servir de norte para nuestros gobernantes. Si queremos una sociedad más educada y culta, hay que priorizar la educación como unica garantía para mejorar las condiciones de vida de los dominicanos.

Y, obvio, para que nuestras discusiones y debates sean de mayor calidad.

Recientemente el Presidente Leónel Fernández ( El nacional,2 de abril de 2008) sostuvo que de ganar las elecciones de mayo haría una gran reforma al sistema educativo nacional. Luce que esta declaración es de carácter político ya que durante su actual mandato de cuatro años los recursos financieros destinados al sector han dismunuido sustancialmente, apenas se invierte el 1.8% del PIB, cerca de un 8% del Presupuesto Nacional. A lo cual se añade el envío al congreso de un proyecto de ley para modificar la la Ley  General de Educación 66-97     y  establecer una calendarización para alcanzar durante los próximos cuatro años el previsto 4% del PIB, que dicho sea de paso ya alcanzaron la mayoría de los países de la región con la excepción de Haiti y Bolivia.

Si algo ha caracterizado la actual gestión en materia de educación ha sido la carencia de recursos y, en consecuencia, el clamor de la sociedad reclamando mayores inversiones en el sector. Asi, los empresarios, las iglesias, los sindicatos, los partidos políticos, la sociedad civil, entre otros, han reclamado al gobierno el aumento de los recursos presupuestarios como condición para mejorar la educación pública.  Este es uno de los puntos donde los sectores sociales han coincidido con mayor fuerza y sin embargo año tras años la inversión destinada al sector ha decrecido.

De lo anterior se desprende  el deterioro creciente de la educación nacional evidenciado en los bajos resultados que alcanzan nuestros niños en las evaluaciones y en el logro de los objetivos de aprendizaje. Por ello, nuestros niños terminan la escolaridad básica y no saben leer ni escribir. En verdad al término de los ocho primeros grados, los niños dominicanos tienen un retardo en su aprendizaje de cuatro años, es decir, apenas logran las competencias propias del cuarto grado de primaria.

Igual ocurre con el cuerpo docente. Las acciones de formación y capacitación continuada orientadas a cualificar mejor a los enseñantes para, a su vez, incidir en el mejoramiento de la calidad de la docencia, han sido disminuidas sustancialmente y apenas se realizan aquellas actividades contempladas en los proyectos con financiamiento internacional. Además, al final del gobierno del período 2000-2004 se debió implementar la evaluación del desempeño de los docentes, con lo cual estos recibirían aumentos de hasta un 30% en su salario. Esta acción no fue continuada y es para el mes de julio del año en curso cuando está previsto la realización de la misma. Los docentes han dejado de percibir millones de pesos por esta tandanza y sus efectos con seguridad se han sentido en la motivación de los docentes y en la calidad de su trabaja en el aula.

Aún más, el curriculun de nuestro sistema educativo es muy amplio. Para hacerlo más concreto la gestión anterior realizó un gran esfuerzo para expresar los contenidos curriculares en competencias a ser logradas por los alumnos en los diferentes grados. Lo mismo debía hacerse con los libros de texto de los diferentes grados y asignaturas. La aplicación de estas medidas siguen pendientes. Y los niños deben trabajar con textos ancianos que no reflejan los avances de la ciencia y la tecnología. Estamos, pues, formando a nuestros futuros ciudadanos con conocimientos viejos y en base a un enfoque tradicional de enseñanza. La competitividad de que hablamos en el discurso oficial no es mas que eso, un discurso.

Por ello entiendo que de ganar el Dr. Leónel Fernandez su repostulación las preocupaciones sociales de su gobierno serán las mismas, caracterizadas por la baja inversión en educación, salud y medio ambiente. Su planteamiento de impulsar la gran reforma del sector es de corte político, destinado a recuperar a los sectores que se han pronunciado sobre el deterioro de la calidad del sistema educativo debido, fundamentalmente, a la baja inversión en el sector.

Si queremos una educación mejor para todos los ciudadanos del país, es necesario que las fuerzas sociales  se pongan de acuerdo sobre las metas a ser logradas. Uno de los puntos que se deben acordar es dejar la política partidaria fuera del ámbito de gestión de la cartera a todos los niveles y reclamar que sean los expertos quienes estén al frente de los cargos importantes a nivel central. Y llevar a concurso todos los cargos directivos a nivel regional, municipal y local. Pienso que este punto, unido al financiamiento creciente, son aspectos centrales de toda reforma del sector. Reitero, no hay posibilidad de mejorar la calidad de nuestra educación cuando las decisiones se toman pensando en como lograr beneficios políticos partidarios.

El informe de la OCDE sobre la educación en República Dominicana (2007) da cuenta de las graves deficiencias que se han acumulado a lo largo de los años. En especial, descaca la democratización de la oferta como un hecho positivo ya que la misma alcanza a un número creciente de dominicanos que accede a las instituciones educativas del país. Sin embargo, tal crecimiento se ha producido sin los controles necesarios para que la calidad no fuera afectada. No cabe dudas de que el principal aspecto que llama la atención de los estudiosos del sistema educativo del país es la gran cantidad de niños y adolescentes que no concluyen su escolaridad básica, sobre todo en los tiempos actuales en que la compatitividad de las naciones depende más de los recursos humanos calificados que de los tradicionales capital, tierra y trabajo.  Para ese contingente las oportunidades de lograr un buen empleo remunerado serán cada vez más escasas y dificiles.

Sin desmedro del derecho que tienen todos los habitantes del país a una educación  básica y media de calidad,   ofertada en igualdad de condiciones para todos, no cabe dudas de que las oportunidades de alcanzar un buen empleo en la economía abierta y global  que hoy predomina está condicionada a la entrada al mercado con una formación universitaria apropiada.

El informe citado insiste en la conveniencia de introducir cambios importantes en la educación superior dominicana, sobre todo en lo que se refiere a su adecuación a las necesidades de los sectores productivos, asi como también en la necesidad de disponer de un claustro profesal mejor formado, con mejores opornidades salariales y una dedicación mayor a las actividades de investigación.

 Es bueno insistir en la conveniencia de elevar el nivel de los docentes dominicanos a nivel de doctorado, para aumentar la calidad de la formación universitaria y para la necesaria actividad de investigación en nuestros centros de educación superior. Conviene que este tipo de programa se desarrolle en el país mediante convenios con universidades  extranjeras con tradición en la formación de doctores, hasta tanto el país esté en condiciones de desarrollar sus propios doctorados. De este modo los recursos disponibles, escasos por demás, pueden alcazar un mayor rendimiento, es decir, favorecer la formación de un mayor número de doctores. La posibilidad de desarrllar la investigación cientítica y, por ende, entrar en la sociedad del conocimiento, depende en gran medida de la formación de doctores.

La orientación de las carreras universitarias es otra de las preocupaciones del informe. En particular se refiere  a la insuficiente formación en las ciencias básicas ( biología, quimica, física, biotecnoñlogía, etc.) tan necesarias para el fortalecimiento de la industria nacional. Nuestras universidades priorizan las disciplinas propias de las ciencias sociales, humanidades, y las artes liberales, que si bien son necesarias en muchas de ellas hay abundancia, es decir, exceso de profesionistas que al entrar al mercado  laboral no abtienen la remuneración que esperan. Y en esto opera la ley de la oferta y la demanda,  que indica que cuando hay abundancia de un bien, su precio baja y que cuando hay  precariedad los precios suben.

Aunque el tamaño de la matrícula universitaria  ronda  el  24% de de la población en edad de participar en este nivel de formación, augunos países de la región superan el 50%, no cabe dudas de que la concentración de la oferta en las llamadas carreras tradicionales es un grave problema de la educación superior dominicana. Por ello, de cara al futuro inmediato conviene que se adopten las medidas de lugar para promover la diversificación de la oferta de carreras no tradicionales. Es obvio, que el Estado  debe jugar  un papel estelar en la reforma universitaria. En primer lugar creando incentivos para las instituciones como para los potenciales estudiantes de las carreras necesarias para el desarrollo y, en segundo lugar, creando mecanismos para hacer más eficiente el proceso de aprobación de las nuevas ofertas. Es importante también que se gantice un empleo a los egresados de  aquellos programas que estado indique como necesarios para el desarrollo.

El  Plan Decenal de Educación Superior en proceso de elaboración es una oportunidad brillante para lograr la reforma universitaria de manera consensuada. Se corre el riesgo de que el mismo sea dejado de lado como resultado de los cambios políticos  que pueden presentarse en el horizonte de duración de dicho plan, tal como acurrió con el Plan Estrategico de la Educación Dominicana. Por ello, es recomendable que se firme un pacto entre las fuerzas políticas del país, que permita que las metas del plan sean integradas a los programas de gobierno de los partidos y evitar que estos lleguen al poder con su propio librito. Las metas del Plan deben ser asumidas por la sociedad y tratar de velar por su cumplimeinto.

En este sentido, es importante acordar que el financiamiento de la educación superior sea elevado al menos al 1% del PIB, es decir, un poco mas del doble de lo que actualmente recibe. Una educación de calidad requiere de recursos crecientes para el logro de sus metas y en particular, para satisfacer las aspiraciones de la sociedad.

Naturalmente, las universidades deben por su lado asumir un compromiso con los mecanismos de aseguramiento de la calidad y participar activamente en los procesos orientados  a la acreditación por pares, que es el mecanismo más confiable para la comunidad académica.  El mejoramiento institucional de nuestras universidades es una responsabilidad de las propias instituciones. El Estado debe apoyar, pero son las universidades las responsables de su destino y sobre todo, de ofrecer a la sociedad resultados confiables, que aporten al bienestar colectivo.

La legislación dominicana es pionera en los paises de América Latina en consignar la autoevaluación como un proceso de aseguramiento de la calidad de las instituciones del nivel superior. Al respecto la Ley 139-01 establece  que “la evaluación es un proceso continuo y sistemático cuyo propósito fundamental es el desarrollo y la transformación de las instituciones de educación superior y de las actividades de ciencia y tecnología, dirigido a lograr niveles significativos de calidad, a determinar la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y a establecer la relación existente entre la misión, los objetivos y las metas con los resultados del quehacer institucional”. Cuando se trata de una evaluación interna a la propia institución se denomina autoevaluación y cuando los evaluadores son de un ente distinto la misma es externa.

La referida ley establece que la SEESCYT realizará una evaluación a las instituciones cada cinco años. Este proceso consta de dos portes: La autoevaluación que conduce a un informe de autoevaluación y la visita de constatación de los evaluadores procedentes de la dicha secretaría de estado. Este proceso de evaluación institucional fue iniciado  durante el 2007  e incluye como objeto de evaluación a las 47 instituciones del nivel existentes en el país. Para su puesta en marcha el organismo oficial reponsable creó una Comisión de Evaluación integrada por profesionales de alto reconocimiento profesional y de una actuación ética incuestionable. Ellos son responsables de conducir el proceso y de dar seguimiento a las instituciones involucradas en la autoevaluación.

Desde el punto de vista organizativo el proceso marcha muy bien y es de esperar que al término del presente año todas las IES presenten su informe de autoestudio y su plan de mejoras. Es importante destacar que la evaluación en sí lo que ofrece es una visión sobre el estado actual de las instituciones o de la educación superior del país a un momento dado,  pero lo importante es cómo ese informe de evaluación puede ser utilizado en el mejoramiento futuro de la educación superior y el rol que el Estado debe jugar para lograr que la educación superior del país cumpla con sus funciones.

En este sentido, es obvio que a la fecha el rol del Estado ha sido tímido en materia de educación superior sujetando su actuación al financiamiento precario de la educación superior pública sin mayores compromisos con la educación privada, lo cual refleja una inconsistencia con la función que hoy se le atribuye a la universidad como formadora de recursos humanos de alto nivel para un ambiente cambiante y competitivo. Es obvio que los resultados de la Evaluación Quinquenal podrían ser la base para un cambio de actitud del gobierno y considerar a este sector como prioritario en las inversiones necesarias para mejorar la competitividad de la nación.

Un ámbito de donde es urgente ese cambio es en el postgrado donde se origina la investicación científica y se forman los especialistas que el país requiere en los diferentes campos económicos y sociales. El desarrollo de este cuarto nivel  debe ser una de las prioridades derivadas de la evaluación a los fines de que el país pueda disponer de las capacidades necesarias para enfrentar los retos de la globalización.  Las IES por su parte deben aprovechar los resultados de la autoevaluación para superar las limitaciones que puedan ser encontrados y  convertirse en un ejemplo ante la sociedad de preocupación por mejorar constantemente su proceso  formativo y la calidad misma de las instituciones del nivel.

De conformidad con recientes declaraciones( Diciembre 2007) de la Ministra de Educación del país, la estrategia principal a seguir para mejorar la calidad de la educación pública consiste en dar mayor atención al centro educativo, lo cual luce correcto toda vez que es allí donde se realiza el proceso principal de aprendizaje de los alumnos.  Para que dicha estrategia produzca los resultados esperados se deben producir combios sustanciales en diferentes variables cuyo peso en los resultados educativos son considerables.

En primer lugar, el docente es fundamental en todo proceso orientado al aumento de la calidad de la educación. A pesar de que el país tiene porcentajes elevados de docentes calificados en los diferentes niveles, esto no parece incidir positivamente en la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Lo cual hace pensar en la necesidad de reorientar la formación inicial y continua de los mismos en los centros de formación. Al efecto, luce conveniente  hacer más énfasis en el dominio disciplinar que en los métodos de enseñanza. De igual modo, el enfoque de la formación  hacia los niveles debe dar paso al conocimiento propio de las disciplinas del nivel. Así en vez de formar a un licenciado en educación básica, se debe insistir en el conocimiento de las disciplinas propias del nivel. En otras palabras lo importante es que el docente adquiera un dominio apropiado de los conocimientos necesarios para que los alumnos puedan desarrollar las competencias propias del currículo.

En segundo lugar, hay que fijar la mirada en los directivos de centros quienes, como supervisores directos del proceso educativo, deben estar capacitados para cumplir con esta tarea. Por ello es necesaria la profesionalización de los directores. Estos,  a más de estar bien formados, deben ser seleccionados por concurso público transparente sin que medie ninguna razón política en su designación. Además, no deben ser removidos de su cargo a menos que  cometan faltas graves en el ejercicio de sus funciones. El tsunami que se produce con cada cambio de gobierno en la gentión del sistema educativo debe dar paso a una actuación más racional, que priorice el interés de la sociedad  por una educación de mayor calidad, más que el interés del partido por colocar sus cuadros en la gestión del sistema. El costo que tiene que pagar la sociedad dominicana cada vez que el sistema educativo pierde su burocracia es muy alto y sus efectos en la calidad son incuestionables.

En tercer lugar, el contenido de la educación dominicana está recargado de disciplinas. Hay que priorizar un contenido más útil y organizarlo en torno a ejes fundamentales como la lengua materma y la matemática, sobre todo en los primeros cuatro años de la educación básica. Mientras el enfoque curricular priorice el enciclopedismo y la dispersión de los conocimientos en áreas sin precisar las competencias que se requieren en cada grado y nivel, es poco lo que se podrá hacer para mejorar  el proceso educativo a nivel del aula. Al docente se le exige cumplir con unos objetivos de aprendizaje que en definitiva en niño no está en condiciones de aprender.

En cuarto lugar, el tiempo destinado al proceso educativo a nivel del aula es precario, apenas tres o tres horas y media en el mejor de los casos. En la realidad dicho tiempo es menor ya que muchos docentes, en especial en la zona rural, no cumplen con el horario establecido. Lo ideal es transitar hacia la jornada completa, pero el país carece de las aulas necesarias para alojar a todos los alumnos en una solo tanta. Por ello, la esperanza de mejorar el cumplimiento del calendario escolar está en una gestión más profesional de los centros educativos, acompañada de una supervisión o monitoreo más rigurosa que enfatice en la responsabilidad de la sociedad en el control de los resultados educativos a nivel del aula.

En quinto lugar, la escuela debe ser excluida de las luchas políticas por el control del Estado. Al igual que los franceses  que excluyeron a las religiones de las escuelas, en el país se debe lograr un consenso para excluir a los partidos políticos de los centros educativos y garantizar que tanto su dirección como el proceso mismo de aprendizaje  estén influenciados exclusivamente por el conocimiento, es decir, por la ciencia. La adopción de esta medida tendría consecuencias positivas en el futuro de la educación dominicana.

En sexto lugar, el sindicato de los docentes debe orientar más su atención hacia reclamos que pongan énfasis en la calidad de los servicios educativos y dar ejemplos claros de compromisos con la actuación correcta de  sus miembros. Participar activamente en la evaluación del desempeño y acatar las medidas que de ella se deriven puede ser un buen comienzo. Una educación de calidad supone un cuerpo docente comprometido con la misma y dispuesto a actuar para lograrla.

En séptimo lugar, sin financiamiento apropiado es casi imposible alcanzar la meta de una educación de calidad para todos los habitantes del país. Al respecto, la sociedad dominicana debe ponerse de acuerdo en exigir al gobierno un mayor presupueto para el sector educativo. Es una falsedad, una tomadura de pelo, decir que la educación es prioritaria y esa prioridad no se traduce en un financiamiento acorde con las necesidades del sector. Mejorar el centro educativo supone invertir en él.