Educación Universitaria

La rápida expansión de la educación superior en los últimos años, cuya matrícula pasó de 7,5 millones en 1994 a 13,8 millones de estudiantes, equivalentes al 17,6% al inicio del periodo  a 28,5%  de la población de 18 a 24 años en el 2003 (Rama, 2007),  representa  la evidencia del éxito de las políticas de democratización  en el acceso a los diferentes niveles educativos impulsadas durante los 20 años precedentes, por los países de la región de América Latina y el Caribe.

La masificación de la educación superior de pregrado representa en sí mismo un cambio notable tanto en la que se refiere a la calidad de vida de las personas, como a las oportunidades de las empresas de alcanzar mayores niveles de competitividad en un mundo cambiante matizado por la influencia de una economía global, el desarrollo de los conocimientos y las nuevas tecnologías.

Dicha expansión permitió también el desarrollo y crecimiento de los estudios de postgrado que representan en la mayoría de los países de la región un promedio cercano al dos por ciento de la cobertura total de alumnos en el nivel superior, en República Dominicana dicho porcentaje es menor al 1%. Sin embargo, en los próximos años es previsible una expansión sustancial de los estudios de postgrado debido, por un lado, a la  necesidad de los países de disponer de capital humano del más alto nivel y, por el otro, como un recurso de diferenciación de los  propios egresados de la educación superior, interesados en obtener mejores salarios.

En adición,  la oferta de postgrado por vías no convencionales como la educación a distancia, tanto proveniente del país como del extranjero,  tendrá un efecto positivo en la ampliación de las oportunidades de estudios de postgrado.  Esta modalidad, por definición, tiene la vocación de hacer llegar las oportunidades educativas a los lugares más  recónditos del país y  garantizar a las personas, independientemente, de donde estas se encuentren, su derecho a la educación durante toda la vida.

Dentro de esta perspectiva, la educación a distancia no tiene fronteras lo cual permite la educación extraterritorial, es decir, la desnacionalización de la oferta educativa ya que mediante la educación a distancia se puede obtener un título universitario de postgrado en cualquier lugar del mundo sin salir del propio. Esta posibilidad, amplia la oferta nacional de calificaciones pero es un riesgo si no se establecen los controles que garanticen que la oferta trasnacional tenga la calidad necesaria y que los títulos tienen la  necesaria garantía de homologación en la comunidad académica internacional.

El efecto de la oferta de  educación de postgrado trasnacional se siente con mucho peso en América Latina. Con sólo abrir un medio escrito de comunicación del país  podemos observar ofertas de postgrado de países avanzados, especialmente de España, los Estados Unidos y  México. Estas ofertas compiten con las instituciones nacionales y para  las mismas no hay regulación nacional ya que el título es ofrecido por  universidades extranjeras. Con la agravante de que esas  instituciones extranjeras tienen socios locales que no son universidades, sino empresas dedicadas a la comercialización de cursos cortos de educación continuada. En estas condiciones es difícil garantizar la calidad de tales programas.

En este sentido, independientemente de la modalidad de estudio o de la institución  oferente, la calidad del postgrado  debe ser garantizada mediante mecanismos de aseguramiento de la calidad como son los sistemas de acreditación existentes en los diferentes países. Es obvio que por la naturaleza de la educación a distancia es importante que los  estándares e indicadores que se establezcan sean compatibles con la modalidad, pero que al mismo tiempo sean lo suficientemente confiables para certificar la calidad de la modalidad ya que la calidad del postgrado debe ser  la misma que en la educación presencial.

Las instituciones de educación superior a distancia de  América Latina y el Caribe han estado trabajando en la posibilidad de crear una agencia acreditadora regional para  certificar la calidad de los estudios en la modalidad incluyendo el postgrado. Es obvio que este proyecto no tiene por finalidad competir con las agencias nacionales de acreditación, pero sería una oportunidad de valorar la verdadera dimensión y aportes de la educación a distancia al desarrollo de nuestros países, ya que a la fecha los mecanismos de evaluación  existentes han sido pensados en función de la educación presencial y, en aquellos casos de acreditación de instituciones a distancia, se ha realizado una  cierta adecuación de algunos de los instrumentos que sirven para la recolección de los datos.

En la experiencia dominicana, la educación superior a distancia ha sido evaluada a partir de una visión de la educación presencial la cual se refleja, incluso, en el Reglamento propio de la modalidad y en el proyecto de Reglamento de Posgrado que actualmente se discute en la SEESCYT, lo cual introduce un sesgo en la valoración de los aportes de la educación a distancia  y un privilegio en beneficio de la educación  de postgrado presencial. En este sentido, es conveniente que a ambas modalidades se les ofrezca igualdad de trato en la apertura de programas de postgrado, teniendo como única preocupación que los programas que se presenten con fines de aprobación cumplan con los requisitos que la ley y los reglamentos establecen.

En este sentido, el fomento del postgrado por el Estado dominicano debe tener una doble preocupación. En primer lugar, debe servir para formar  al  claustro docente  de nuestras universidades a los fines de aumentar la calidad de la formación  y, en segundo lugar,  el postgrado debe incidir en el desarrollo de la investigación científica en nuestros centros de estudios superiores, especialmente, a nivel de doctorado. Así, la política de corto y mediano  plazos que se establezca debería priorizar la formación del claustro y crear la masa crítica de doctores que permitiría el desarrollo posterior de la investigación.

La estrategia a seguir para la formación de doctores debe, a su vez, priorizar aquellas áreas consideradas necesarias para el surgimiento y fortalecimiento de la labor de investigación en aquellos campos del conocimiento considerados neurálgicos para el desarrollo nacional, tanto en las universidades como en los centros de investigación existentes en el país.

Es obvio, que el Estado debe también considerar dentro de sus prioridades el apoyo financiero que requiera la universidad para la formación doctoral.

Para muchos la opción más viable para la formación de doctores es  la de enviar a los doctorantes al exterior a universidades reconocidas como de excelencia investigativa. Sin menoscabo de esta posibilidad, considero que los recursos disponibles pudieran tener un rendimiento mayor si el Estado o las propias universidades establecieran acuerdos con esos centros para realizar en el país , y  muy especialmente a través de la modalidad a distancia,  la referida formación, lo cual fortalecería el claustro local y  evitaría la fuga de cerebros,  que tanto daño le ha hecho a las economías del tercer mundo que han padecido pérdidas netas de capital humano y financiero derivadas de dicha fuga. Los doctorados de tiempo compartido son un ejemplo de las oportunidades que existen en este  en la región, en colaboración con universidades del norte.

Naturalmente, en aquellos campos del conocimiento que requieran de un componente de investigación en el laboratorio, es conveniente que la formación doctoral se realice en el campus de la universidad que ofrezca el doctorado, o bien mediante programas de simulación disponibles en el mercado.

Establecer acuerdos entre la universidad local y otras del extranjero para la realización conjunta de maestrías y doctorados, ya sea con titulación propia o con doble titulación , es un mecanismo eficiente  que conviene explorar para el fortalecimiento del postgrado a nivel local. Esta cooperación permitiría, además, el establecimiento de las bases para la cooperación internacional de carácter solidario con instituciones de países avanzados del primer mundo.

Estos acuerdos pueden servir también para el fortalecimiento de la capacidad de investigación de nuestras universidades, tanto a nivel de la formación de postgrado como a través de la realización conjunta de investigaciones en áreas del conocimiento de interés común. En este sentido, este tipo de acuerdo estaría apoyado la movilidad de los docentes de ambas universidades en función de las etapas de la investigación. Esta movilidad si bien puede ser presencial lo ideal es que sea virtual a los fines de hacer un mejor uso de los escasos recursos disponibles. Dentro de las instituciones que forman parte de la Asociación Iberoamericana de Educación  Superior a Distancia hay una experiencia acumulada en este tipo de movilidad que puede servir de ejemplo para nuestras universidades.

Conviene que las actividades de investigación colaborativa con las universidades extranjeras se oriente hacia la “investigación estratégica” definida `por Didriksson (2008) como aquella que “responde a necesidades de corto, mediano y largo plazo, es básica aplicada o experimental, pero depende del establecimiento de prioridades nacionales, sociales o específicas que contemplen una solución relacionada a un contexto, a un problema, y es inter Y transdisciplinaria”. Este tipo de enfoque permitiría que la investigación que se realice dentro del contexto del postgrado y en colaboración con países avanzados,  tenga un impacto real en la solución de los problemas nacionales y, sobre todo, en la transferencia de conocimientos  en beneficio de la sociedad.

El mecanismo de la movilidad virtual también es valioso  durante  el proceso de formación de estudiantes de maestría y doctorado. Al efecto, se firmarían protocolos de  de movilidad en donde se establezcan las condiciones para que la misma se produzca y el reconocimiento mutuo de la formación recibida en una u otra de las instituciones firmantes del acuerdo. Este mecanismo ha sido puesto en marcha por  Europa dentro de su estrategia de creación del  espacio común europeo de educación superior, donde muchas de sus universidades están realizando este tipo de movilidad, que reduce costos operacionales  y hace viable que un mayor número de estudiantes  se beneficien de la experiencia.

Si bien el Estado debe tener un interés primordial en la formación de postgrado, es a las instituciones del nivel que les corresponde tener una visión proactiva que le oriente hacia la definición de una oferta que responda a las necesidades sociales como también a la de las personas de  obtener una formación apropiada durante toda la vida. Este papel lo cumplen muy bien las instituciones de educación superior  a distancia, ya que los estudios de postgrado bajo esta modalidad se adaptan muy bien a las circunstancias de  profesionales y técnicos interesados en ampliar o renovar su formación al tiempo que cumplen con sus responsabilidades laborales y familiares.

Con la finalidad de que el Estado, a través de la SEESCYT, sea un ente compromisario con el fomento del postgrado, no es suficiente definir una política, sino que es indispensable  que haya un compromiso con el financiamiento del mismo, sobre todo en aquellas disciplinas que requieren un alto componente tecnológico y que son prioridades nacionales, debido a su potencial impacto en el fortalecimiento de nuestra capacidad de investigación y desarrollo.

Es necesario, además, que ese compromiso se exprese también en el establecimiento de mecanismos eficientes para el conocimiento y aprobación de los proyectos  de postgrado que sean sometidos a la consideración de la SEESCYT por las instituciones del nivel. El desarrollo del postgrado, independientemente de la modalidad en que sea ofertado, debe ser una prioridad nacional y tanto la SEESCYT como las IES en condiciones de ofrecerlos, deben poner todo su empeño para el cuarto nivel de estudios avanzados de calidad sea una realidad en el país.