Educación Universitaria

Al darles la bienvenida a este acto de graduación quiero expresarles, en primer lugar, mi agradecimiento por  ser partes de la familia uapiana. Al seleccionar esta institución para realizar sus estudios superiores nos han dado la oportunidad de servirle a nuestro país formando los  recursos humanos de calidad  necesarios para nuestro desarrollo y cumplir nuestra misión institucional de ofrecer  educación superior a distancia a todos los dominicanos. Con ustedes han egresado de esta institución 9909 profesionales, de grado y postgrado, que ejercen en todo el territorio nacional.

Decirles que ustedes integran un grupo selecto de dominicanos que con su esfuerzo han logrado un título universitario.  Para la mayoría de la población eso es casi imposible. La escuela dominicana opera como un filtro que  impide que la mayoría de los que ingresan, especialmente a los más pobres,   puedan satisfacer su derecho a la educación, derecho  que todos tenemos desde nuestro nacimiento.   Tenemos una escuela ineficiente que apenas permite que 53 de cada 100 dominicanos termine la educación básica.

Pero la mayor injusticia es que los dominicanos que tienen la posibilidad de asistir a un centro escolar reciben una educación de mala calidad. En todos los estudios realizados en los últimos años,  el nivel de logro de nuestros alumnos está muy por debajo del  promedio  alcanzado  por los de los  países de ALC.

Esta realidad debemos superarla si queremos un país de oportunidades, un país que en su gente tenga la principal de sus riquezas.

Se requiere de más inversión en educación para ser competitivo como país. Curiosamente en la semana pasada se efectuó en Santo Domingo un Foro Internacional para mejorar la Competitividad de las Américas al cual asistieron  personalidades de la región y el tema en torno al cual giraron las principales discusiones fue, precisamente,  la necesidad de una educación de calidad.

En ese foro en el que los principales funcionarios del Gobierno Dominicano tuvieron presencia notable se puso en evidencia la contradicción de la política de inversión del  Gobierno, el cual, por un lado, se compromete con hacer el país más competitivo y, por el otro, le niega al sector educación más  recursos para invertirlo en la calidad de la educación dominicana.

Tanto el Presidente de la República como la Primera Dama han sido reiterativos en sostener que la cuestión fundamental del sector educativo no es de más dinero, sino de calidad. Sin embargo,  la experiencia internacional de los países que han logrado salir de la pobreza en los últimos 30 años, han tenido claro que la inversión sostenida a largo plazo  es fundamental para lograr que la población alcance los niveles educativos apropiados y puedan incidir positivamente en la creación de riquezas.

Sin una educación de calidad para todos los dominicanos es imposible lograr las metas del milenio y alcanzar  el   nivel de  bienestar colectivo a que todos aspiramos.

Es por ello que debemos, militantemente, apoyar el reclamo social por el cuatro por ciento para la educación nacional.

Como dominicanos preocupados  por una educación que forme ciudadanos del mundo, respetuosos de su cultura y  las de  otros pueblos, debemos manifestar nuestra preocupación por los efectos que está teniendo en la población la aplicación de la Resolución 12/07 de Diciembre de 2007, de la Junta Central electoral. Ocurre que como resultado de esa medida 1584 personas de origen haitiano, nacidos y criados en el país, han sido impedidos  de su nacionalidad. Muchos de ellos son graduados  en las universidades dominicanas, casados y con hijos.  Ellos son víctimas de un Estado que viola las resoluciones de las Naciones Unidas contra la discriminación. De hecho, estamos creando ciudadanos de segunda categoría. Ellos hablan español,  le gusta el merengue, la salsa y la bachata, conviven con “dominicanos de primera” en los barrios y pueblos del país, pero no pueden  certificar que son dominicanos. Estamos ante la posibilidad de una segregación intencional de parte de la población dominicana y que la Junta Central Electoral debe corregir con urgencia.

Muchos dominicanos emigran a países avanzados por razones económicas, parte de ellos son ilegales y tienen hijos. Esos hijos disfrutan de la nacionalidad del país de residencia. Es impensable que en un país civilizado se emita una resolución como la indicada para quitarle retroactivamente el disfrute de un derecho adquirido. Muchos países desarrollados disfrutan de esa condición por el trabajo de los miles de inmigrantes que acogen para apoyar el esfuerzo, el trabajo digno necesario para crear riquezas. Santo Domingo ha cambiado en su imagen. Hoy es una ciudad que crece verticalmente. En esas torres hay mucho trabajo de los inmigrantes haitianos.  Con su trabajo ellos contribuyen a que nuestro país sea mejor al igual que los dominicanos lo hacen en Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, lo anterior no significa que seamos  favorables a una inmigración  masiva de haitianos hacia nuestro territorio. Simplemente queremos llamar la atención sobre el drama de esas 1584 personas,  identificadas por el servicio de jesuitas a Refugiados y Migrantes,  que no saben, desde hace poco tiempo,  a qué nacionalidad pertenecen. Para ellos es un drama inmenso, una angustia existencial que quisiéramos que ningún dominicano en el extranjero la sufra. Debemos comprenderlos  y como nación civilizada buscarle la mejor solución, sin desmedro de sus derechos humanos y constitucionales.

Apreciados Graduandos:

Como dominicanos debemos luchar por vivir en un país sin violencia de género o de cualquier otra naturaleza.  Queremos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, incluyendo las naciones vecinas. El esfuerzo que hay hagamos para mejorar la calidad de nuestra educación, tendrá en el futuro efectos positivos en la calidad de vida de cada uno de nosotros, especialmente de nuestros hijos a quienes debemos  enseñarle  con nuestros ejemplo  el respeto a los demás. Eduquemos a las nuevas  generaciones  para la no violencia y la comprensión de los demás.