Educación Universitaria

La sociedad dominicana ha reclamado durante los últimos 17 años mayor financiamiento para el sector educativo. De hecho, tal reclamo fue consignado en la ley general de educación promulgada en 1991 donde se establece que al sector hay que destinarle  el 4% del PIB. Durante todos estos años el PLD ha sido gobierno durante 8 años(los cumple en agosto próximo) y la meta financiera no ha sido lograda.  Ello ha contribuido al deterioro en los resultados del sistema educativo, en especial en lo que se refiere a la calidad de los aprendizajes. Hecho ante el cual las diferentes instituciones sociales, en especial los empresarios, la iglesia, las ongs, etc. han reaccionado reclamando la urgente intervención del gobierno para superar la crísis del sector educativo.

Es por ello que al leer el Pragrama de Gobierno que presenta el PLD para el sector educativo (2008-2012) he quedado muy sorprendido ya que en el mismo no hay un compromiso claro con el logro  de un financiamiento adecuado para el sector educativo. Se habla de incremetar al financiamiento privado, es decir de un financiamiento creciente de las familias para garantizar  a sus hijos una educación de calidad. Se habla también de un aporte mayor de los empresarios en el apadrinamiento de la educación pública. Pero no se especifica cuál meta financiera espera alcanzar el nuevo gobierno del PLD  en el sector educación de lograr la reelección de Presidente Fernández.

Si comparamos el programa que presenta Miguel Vargas,  cadidato a la presidencia por el PRD, con el del PLD la diferencia mayor es este punto, ya que en dicho programa se especifica un compromiso claro con el financiamiento del sector al cual se destinaría el porcenteje del PIB indicado en la ley de educación. Los demás puntos de ambos programas son similares. Se orientan por una lado a garnatizar la igualdad de oportunidades en el acceso y la permanecia de los habitantes del país en el sistema educativo y por el otro lado a mejorar la calidad de la educación. Aspectos que son prioritarios en cualquier política educativa  que se implemente en el sector.

Naturalmente, para el éxito de estas propuestas se requiere el financiamiento óptimo y planes de largo plazos. Y aquí hay otro problema fundamental. Los planes de largo plazo como el PLan Decenal o el Plan Estratégico de la Educación  Dominicana, tinen la dificultad de que durante su implementación transcurren dos períodos y medio de gobierno y, por una tradición mal entendida, cada gobierno trae sus propias iniciativas, su propia visión de la sociedad y de las políticas públicas.Por lo tanto están tentados a modificar los planes y a poner en marcha sus propios planes, aunque dejen abandonados recursos y proyectos implementados por la gestión anterior. Asi ocurrió con el Plan Decenal que fue elaborado de manera paricipativa y la grestión que debió continuar su implementación centralizó todos los procesos. Con el PLan Estratégico ocurrió algo peor. La gestión actual inició un nuevo plan a pesar de que muchos recursos fueron invertidos en su elaboración y que muchos de los proyectos de financiamiento internacional estaban concebidos para apoyar el desarrollo de dicho plan.

Por lo anterior, si queremos cambiar el orden de cosas en la educación nacional hay que lograr un consenso  entre las fuerzas políticas del país, a los fines de lograr un pacto que garantice  la mayor prioridad al sector educativo durante al menos los próximos 20 años. Tiempo durante el cual hay que garantizar una inversión igual o superior al 4% del PIB. Las políticas que se definan como prioritarias en ese pacto deben ser obligatorias para cualquier gobierno o partido que resulte electo duante el tiempo de duración del pacto.

En mi opinión, dicho consenso puede ser construido a partir de las propuestas de gobierno que presentan los candidatos para el sector educativo, ya que en las mismas hay más puntos coincidentes que diferencias, con la excepción indicada del compromiso con el fianciamiento del sector. Naturalmente, para lograr el consenso las partes deben negociar en pié de igualdad, independientemente de quien resulte ganador de la contienda electoral. Lograr el consenso que reclamamos es urgente, y estoy seguro que las diferentes fuerzas políticas así lo entienden, debido a la necesidad de mejorar sustancialmente la competitividad de nuestra economía y ello sólo es posible si mejoramos la calidad y la contidad de oportunidades educativas puestas a dispósición de la sociedad dominicana.